Capítulo II: “¿Por qué no denunció?”

El informe señala que se han identificado desde robos y estafas por parte de bandas delictuales apostadas en el trayecto, hasta trata de personas con fines de explotación sexual, violaciones y femicidios perpetrados por organizaciones e individuos que prometen a mujeres y niñas migrantes ayuda para llegar a destino. Otros las amenazan con atentar contra su vida a menos que realicen favores sexuales. Esto, sin importar su edad, etnia, clase o nacionalidad.

“La hipersexualización del cuerpo de algunas migrantes precariza las condiciones de su desplazamiento y de su asentamiento. Las mujeres afrodescendientes, dominicanas y colombianas, devienen, a menudo, el objeto de deseo de policías o transportistas y, en el lugar de destino, son estigmatizadas, tratadas como prostitutas, sea que se dediquen o no al trabajo sexual”, dicen las investigadoras. 

Desde la PDI, el jefe de la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana indica que socialmente se ha invisibilizado a las sobrevivientes de este tipo de delitos. “Naturalizamos el ejercicio del comercio sexual con la explotación sexual, pareciera ser que socialmente está aceptado que hay una persona parada en una esquina o en el interior de un departamento ejerciendo el comercio sexual, pero no sabemos a instancias de qué, si es que hay una fase de explotación. Mucha gente hace este vínculo entre extranjeras de ciertas nacionalidades y el ejercicio del comercio sexual voluntario”, explica.

El siguiente recuadro muestra los tipos de violencias que experimentan las mujeres migrantes de Bolivia, República Dominicana y Colombia:

Violencia sexual en el camino

En este podcast, profundizamos en los hallazgos del informe Los efectos de la violencia sexual contra niñas y mujeres y escuchamos el testimonio de Karina*, una mujer venezolana que realizó el recorrido por pasos no habilitados juntos a su esposo y su hija de 15 años.

Desincentivos para denunciar

Las pruebas periciales que se exigen a las mujeres migrantes en el caso de denunciar un abuso sexual, así como la escasa coordinación a nivel regional para dar con los victimarios y conocer cómo operan, son algunas de las trabas que dificultan este tipo de investigaciones. Juega en contra también la falta de perspectiva de género en el Poder Judicial y las policías; la revictimización y el estigma que persigue a las mujeres denunciantes, y la nula reparación que les ofrece el Estado, indica el informe de la UDP.

Marjorie Dinamarca, quien trabaja con estos temas en la misma universidad, explica que como el ingreso irregular trae aparejado una sanción (hasta la expulsión), esto desincentiva la denuncia. 

Y a las falencias del sistema en Chile, se suma la gran desconfianza en la instituciones en otros países de Latinoamérica. “Hay una desconfianza tremenda hacia la justicia, los funcionarios, ni hablar de la policía, porque en muchos países son víctimas de los mismos funcionarios policiales o de instituciones públicas. Convencer que es bueno que denuncien, es super complejo”, detalla Dinamarca. 

El subprefecto de la PDI, José Antonio Contreras, también apunta a la “falta de legitimidad que tienen las instituciones policiales o el sistema de justicia penal en otros países, y los altos niveles de corrupción”. Además, dice que hay un “temor porque hay mucho componente de organización criminal que lucra con esto y que sabe que puede correr riesgo no solo la vida o integridad física de ella, sino que también de su familia”.

¿Cómo es el proceso de denuncia en Chile por una violación contra una mujer inmigrante?

El desconocimiento de la legislación del país de destino, en este caso Chile, también juega un rol clave en la desmotivación de las denuncias.

El subprefecto Contreras asegura que una denuncia de violación no implica que las mujeres vayan a ser deportadas automáticamente en Chile.

La denuncia puede ser hecha tanto en las oficinas de la PDI o en cualquier retén de Carabineros. Una vez presentada la denuncia, existe un protocolo que coordina tres entidades encargadas de prestar apoyo, asistencia y protección a las víctimas. Estas  son la Policía de Investigaciones, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial.

Existe la posibilidad de que estas personas opten por una Visa Temporaria por un año que les concede el gobierno de Chile para que puedan, si así lo desean, tramitar una Visa Permanente cumpliendo todos los requisitos que exige el Gobierno.

Otra opción, en el caso que así lo decida la denunciante, es volver a su país de origen. De darse este caso, Chile tiene el compromiso por ley de facilitar y coordinar el regreso a su país cubriendo todos los gastos.