Chile entrega el derecho de aprovechamiento de sus aguas, gratuitamente y a perpetuidad, y a quienes inscriben esos derechos, se les otorga la propiedad sobre ella, lo que les permite tranzarla en el mercado. Hoy las aguas prístinas de ríos del sur del país no son del Estado ni de los chilenos. El 80% del agua que corre por los cauces son de propiedad de la empresa italiana ENEL. Pero hay distintos tipos de derechos y diferentes propietarios del agua, según la actividad productiva. Y una larga discusión parlamentaria que poco ha resuelto en estas materias.
Por Pamela Cuevas, Roberto Aymani, Ma. Isabel Guzmán
Para hablar de derechos de aprovechamiento de agua, hay que empezar por entender dos conceptos: derechos consuntivos y no consuntivos. Los primeros no están obligados a reponer el agua en sus cauces o fuentes, pero los segundos son aquellos que se extraen y se usan para generar hidroelectricidad, y una vez que han pasado por la turbina de generación eléctrica se devuelven a la cuenca y se supone que río abajo hay otros que usarán esas aguas.
Pero hay un derecho, el derecho humano al agua, que la legislación chilena no establece. La Constitución ni siquiera indica prioridades de uso ni tampoco protege glaciares o las necesidades básicas de los ciudadanos en este ámbito.
Propuestas y proyectos de ley han pasado y dormido en el Congreso por años. Y hasta ahora poco se ha logrado. Sólo algunos cambios en el Código de Aguas, pero no serían suficientes, según los expertos.
A pesar de los intentos por legislar y modificar normas que se requieren para asegurar el consumo humano y reservas de agua para el futuro, las trabas que enfrentan aquellos que pretenden cambiar leyes pasan por las presiones que ejercen los grupos de interés, principalmente la agroindustria y las mineras.
La senadora Adriana Muñoz, presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta, es enfática en señalar que efectivamente hay presiones para evitar cambios legales. “En este gobierno hay muchos intereses de grandes empresarios mineros, generadores eléctricos, industriales y agrícolas, que tienen derechos de agua y por cierto que han levantado el mito que la propuesta de modificación al Código (de Aguas) genera incertidumbre jurídica, como que habría un principio expropiatorio de los derechos, y eso es una mentira del porte de una catedral. Lo que no les gusta es que se plantea una fiscalización para ver si efectivamente se está ocupando el agua. Y la flexibilidad existente normativa hoy da pie a la especulación”, dice.
Por su parte, la ecóloga Sara Larraín, de Chile Sustentable, dice que “hay una irresponsabilidad de los sectores que tienen propiedad de los derechos de agua, en el sentido de poder entender de que es un bien nacional de uso público legalmente, y que obviamente tenemos que compartir este recurso, teniendo en cuenta que es deber del Estado de primero abastecer a la población y los usos de subsistencia, y después los negocios. Hoy la gestión del agua la hacen organizaciones de usuarios. El Estado una vez que entrega el derecho pierde la facultad de poder participar en la gestión de la cuenca. Y eso es súper complejo, porque no hay nadie que vele por el interés público de la cuenca. Y es por eso que muchas veces la autoridad, sin información o con cierta presión, ha entregado más derechos de agua de los que existen en la cuenca”, explica.
Por ejemplo, en ciertas secciones del río Mataquito se otorgó cuatro veces más la cantidad de agua que físicamente existe. Por lo tanto, hay más derechos de papel que el agua que hay en la fuente.
En otros lugares que no tienen sequía, como Aysén, donde ha migrado parte de la industria frutícola de cerezas, a orillas del lago General Carrera, quien pide derechos de agua para regar esa producción se encuentra con que la autoridad le dice que no puede, porque todos los derechos están entregados a las hidroeléctricas.
Hay muchas distorsiones que están agravando los conflictos de escasez, en la gestión, el acceso al agua, la asignación. La falta de información es tal que nadie sabe realmente cuántos derechos entregados hay y menos cuanta agua queda en cada cuenca y en reservas subterráneas.
Y todo esto se agrava porque existe una multiplicidad de entidades públicas, más de 40, que tienen que ver con el agua, y que se les han dado atribuciones sobre los recursos hídricos, pero no hay ninguna coordinación.
Los dueños del agua en Chile
Se dice que hay mercantilización y especulación vinculada a los derechos de agua. Es más, esos derechos se tranzan en la bolsa. Y aunque cueste creerlo, el 80% del agua con derechos no consuntivos son propiedad de otro país. Y cerca del 40% de las aguas propiedad de las empresas sanitarias en Chile, sus dueños son un grupo de profesores canadienses.
¿Eso es mito o realidad? Sara Larraín lo aclara y cuenta cómo Enel llegó a ser dueña de las aguas de los ríos del sur.
Y también relata la situación que llevó a un sindicato de profesores a decidir el destino de las aguas sanitarias chilenas.
Chile hoy no puede recuperar parte de esta agua, salvo que expropie y pague por algo que entregó gratuitamente.
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