Los procesos migratorios no son una novedad en el territorio chileno o en el americano en general. Considerando que el proceso mismo de colonización de tierras implicó la llegada de extranjeros, la historia de la migración se remonta desde hace siglos.
Si bien la última década se ha visto marcada por la crisis humanitaria, Chile ya ha atravesado la historia con flujos migratorios desde otros continentes. Los distintos gobiernos han aplicado diferentes políticas, todas las cuales impactaron en el proceso de inmigración.
Revisa los principales hitos de la historia migratoria de Chile:
La Ley de Migración y Extranjería promulgada el 11 de abril de 2021 se basó en la promesa del ex Presidente Sebastián Piñera de “ordenar la casa”. Esta incluyó la entrega de miles de visas para extranjeros que habían entrado por pasos no habilitados a través de un proceso de regularización migratoria. Entre otras cosas, la normativa establece que todo extranjero debe señalar su real motivación para venir a Chile y regula el ingreso de extranjeros mediante un sistema flexible de visas.
El mismo mes que fue promulgada la ley, el doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Luis Eduardo Thayer, criticó a través de una columna en Ciper que la legislación dio pie a “un instrumento que permite impedir el ingreso a través de los consulados chilenos en el exterior a cualquier persona que quiere venir a trabajar a Chile. Eso, antes de que las personas emigren de sus países”.
La ley también facilita las expulsiones administrativas, ya que no es necesario realizar denuncias penales por el ingreso, lo que buscaría desincentivar el uso de pasos no habilitados.
Pero esto no parece haber logrado el efecto deseado.
Hace poco tiempo que Chile se puso al día en tema de política de Migración. De hecho, regía la legislación que databa de 1975 y que se convirtió en la más antigua de la región. Recién en 2015 comenzaron a observarse algunos cambios en torno a esta norma, como por ejemplo, en marzo de 2015, el Departamento Extranjería y Migración puso en marcha una nueva visa, denominada “Por motivos laborales”. Ese permiso abría la posibilidad a los extranjeros en Chile obtener su visa de residencia sólo con la existencia de un contrato de trabajo, sin necesidad de cláusula de viaje (pasaje a su país) y con la posibilidad de cambiar empleador sin tener que dar aviso.
La necesidad de contar con una nueva legislación fue instalada, en parte, por la Iglesia Católica. En 2018, el obispo Galo Fernández señaló: “La Iglesia ha estado planteando la urgencia con que se cree un nuevo marco regulatorio para las migraciones, dado que estamos en un sistema muy precario e incompleto, es una ley que data del año 1975 y que mira la migración desde la seguridad del Estado, es decir, casi como una amenaza. Además, no vela por la adecuada integración de los migrantes a la sociedad”.
Con la llegada de la nueva Ley de Migración y Extranjería (Ley 21.325) se requería de la promulgación del Decreto que establece las subcategorías migratorias de residencia temporal, que aún no lleva un mes de vigencia.
Solo la implementación de esta legislación en el tiempo, dirá si la iniciativa servirá para permitir un ingreso ordenado de migrantes y, sobre todo, asegure su dignidad, especialmente de las mujeres.
Patricia Rojas, representante del colectivo venezolano en Chile, dijo a El Mercurio de Calama que “desde que se inició la pandemia y con las visas consulares más estrictas, se está lucrando con el movimiento de personas venezolanas y la necesidad de salir de Venezuela”.
Según datos de Carabineros, entre enero y septiembre de 2021 la institución realizó 107 procedimientos policiales por tráfico de migrantes en el país, principalmente en la regiones de Tarapacá, Antofagasta y Arica y Parinacota.
Este negocio criminal da paso a otro que preocupa a quienes se encargan de resguardar los derechos de las mujeres migrantes. Un reportaje de La Tercera titulado Tren de Aragua: Las mujeres invisibles de las mafias venezolanas, dio cuenta en mayo de 2022 que el delito de trata de mujeres para explotación sexual se ha transformado en la principal fuente de ingresos de las organizaciones criminales transnacionales de origen venezolano, superando al tráfico de drogas y de armas.
Según los informes de inteligencia policial citados por el medio, en los primeros cuatro meses de 2022 ya se había rescatado a 21 víctimas y se habían abierto seis causas judiciales, lo que representa un aumento significativo de este delito en Chile.
Estas bandas transnacionales se valen de la desesperación de mujeres migrantes que buscan oportunidades laborales para luego chantajearlas y amenazarlas con hacer daño a sus familias, incluso en su país de origen.
Colchane: foco de la crisis
Colchane es la ciudad que recibe de manera más inmediata a los migrantes que entran a Chile por pasos no habilitados. Para recibirlos de manera transitoria, existe el Dispositivo de Primera Respuesta, un campamento que da prioridad a mujeres con niños y desde donde son derivados a Iquique.