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Escasez de papel en el mundo: El inminente fin del libro

  • La disminución de la materia prima esencial para la elaboración de libros, el papel, es una problemática que poco a poco genera ruido en la industria. Dificultades para reimprimir ejemplares y la potencial alza del valor del libro son las principales alertas que editoriales, imprentas y librerías están vislumbrando. Un tema que preocupa y que emana progresivamente, pero que podría traer coletazos insospechados tanto para los todos los usuarios del papel, como para el sector cultural ligado a la literatura.

Las consecuencias de la pandemia del COVID-19 están a la vista: el precio de los alimentos se ha incrementado, al igual que el del transporte, de la vivienda y también de los libros. Pese a que siempre se ha cuestionado su costo en Chile, por el IVA del 19 %, se espera que durante los próximos meses este aumente su valor en un 35% o un 40% debido al alza en las materias primas para la confección, distribución y venta de ejemplares. Los principales afectados serán los consumidores, puesto que es una situación que las editoriales no podrán permear. ¿De qué manera esto puede afectar la continuidad del formato? ¿El libro estaría destinado a desaparecer? ¿Cuáles serían las consecuencias sociales y culturales de este posible escenario?

Para entender el porqué de esta inminente crisis, se debe conocer la complejidad de la cadena del libro y sobre los diversos actores que intervienen para que un ejemplar llegue a las manos de sus lectores. Tras este paso es que se podrá comprender la relevancia en el alza del papel que tiene directa relación con el delivery, ¿el delivery? Sí. El mismo servicio que se utiliza para pedir comida y ver una película, o evitar cocinar un miércoles a la medianoche, es parte de la problemática que azota al mercado editorial. 

 

Pero ¿por qué?:

  1. Para las entregas de comida y productos se utiliza el cartón para evitar que estos se deterioren en el traslado. 
  2. El cartón es una superposición de capas de papel; el papel se fabrica con celulosa extraída de la madera. 
  3. Al aumentar la demanda de delivery, aumenta la demanda de cartón y bolsas de papel.

¿Y los principales perjudicados? Fábricas de cuadernos, proveedores de servicios y… ¡los libros!

Según las estadísticas de la Asociación Chilena de Gastronomía, durante los primeros tres meses del 2022, los pedidos de delivery de comida aumentaron en un 44,7 %, por lo que en comparación al inicio de la pandemia, este indicador aumentó un 11,7 %. Además, una de las principales aplicaciones digitales de envíos de alimentos, Rappi, señaló en un estudio realizado entre enero y octubre del 2021, que las solicitudes de delivery aumentaron en un 175 % en comparación al 2020, y ese porcentaje equivale a la preparación de 318 mil 987 hamburguesas, que es el alimento preferido por los usuarios de la plataforma. O sea, miles de hamburguesas siendo preparadas mes a mes para las que se necesita un envoltorio, que puede ser una caja, un papel, stickers para sellar, servilletas, una bolsa de papel, entre otros elementos, por lo que las empresas dedicadas a la venta de materia prima y de estos insumos aumentaron también un 175 % la demanda. Y eso solo revisando el caso específico de Rappi.

 

Ver desde otra perspectiva el uso del papel puede ayudar a comprender el puente que existe entre el delivery y el libro, porque comparten el mismo soporte para llegar al cliente. Durante los años 2018 y 2021 en Chile se publicaron 32 mil 254 libros de diversos géneros. En el siguiente gráfico se puede visualizar que el número de libros se ha mantenido a través de los años sin un gran descenso o crecimiento, lo que da cuenta de una mantención en la periodicidad de publicaciones pese al aumento de la demanda de papel para otros fines, tales como el delivery

Pese a que Chile sea reconocido como un polo con diversos y diferentes recursos naturales, el principal proveedor de la materia prima del papel, la celulosa, es importada desde el extranjero, principalmente de países europeos. La situación en dicha zona también es de riesgo respecto al costo del recurso. Carla Berrocal, presidenta de la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid, España, se refirió en su cuenta de Twitter sobre este “secreto a voces” del cual poco se ha hablado. La profesional del mundo artístico señala que la industria se enfrentará a su mayor crisis y nadie habla de ello.

Vivir haciendo libros en Chile:

Para muchos, puede resultar una obviedad la relevancia que tiene el papel para la industria del libro, y claro, el problema sería más simple de solucionar si es que solo dependiera del costo del mencionado material, sin embargo, para concretar la publicación de un ejemplar, es necesario primeramente contar con una idea, la idea de una novedad que cautive a lectores habituales y a lectores casuales a comprar un libro. Luego, para poder llevar a cabo la idea, es preciso contar con un editor, un corrector de pruebas, una investigación, un escritor, insumos de oficina, entre otros. 

Una vez que el libro es escrito y editado, este debe pasar por la etapa del diseño, pieza fundamental dentro de esta cadena, puesto que incidirá directamente en las ventas de una novedad. El libro debe ser cautivador para el público objetivo. Luego que pasa por las correcciones y las adaptaciones de diseño por parte del profesional del arte, se imprime. Para esto, es necesario contar con una imprenta que sea confiable para que los libros no sean comercializados antes de tiempo. Posteriormente, tras la impresión del libro, viene la etapa de distribución. Aquí entran en la cadena aquellas empresas o personas que se dedican a posicionar las novedades en las librerías para que tengan la salida a venta que esperan las editoriales. En paralelo, el libro puede pasar por el proceso de venta de derechos. Para esta parte los scouts o agentes literarios juegan un rol fundamental en la presentación para una posterior compra de derechos por editoriales de diferentes países.

Ya distribuidos los ejemplares, el librero, o la persona a cargo de la venta de una librería, es fundamental: la posición de un libro en una estantería puede determinar la venta o no de un ejemplar. Todas las acciones descritas anteriormente son pagadas, finalmente, por el comprador final. O algunas veces paliada por fondos públicos, concursables o donaciones. Es por esto que el precio del papel juega un rol determinante, trascendental, porque puede encarecer entre un 30% o un 35 % su valor al comprador final, según indicó Eduardo Castillo, presidente de la Cámara Chilena del Libro a El Mercurio el miércoles 2 de marzo de 2022.

En palabras de Teddy Heinsen, presidente de la Asociación de Navieros de República Domicana a la BBC Mundo durante agosto del 2021, distintas industrias dedicadas al papel paralizaron su logística por falta  de contenedores y la disminución en el tráfico del transporte naviero, que es la principal vía de ingreso de esta materia prima. Esto hizo el match perfecto para que toda la industria de impresión de libros e insumos impresos vieran una disminución en sus operaciones, lo que retrasó la impresión de libros por falta de papel hasta en seis meses.

 

Emprender el rumbo editorial, de crear, producir, editar, imprimir, distribuir y vender libros es una hazaña para esta parte del siglo, sin embargo, La Pollera Ediciones este 2022 cumple diez años publicando libros en diferentes líneas, tales como la narrativa, no ficción, rescate literario, traducciones y ahora publicando divulgación, integrando al ramillete de autores y autoras a personas que marcan un hito en sus áreas de desempeño, tal como la periodista Paula Escobar, la bióloga marina Catalina Velasco, el director de orquestas Paolo Bortolameolli, entre otras plumas que dan forma al catálogo de la editorial.

Nicolás Leyton, editor y uno de los fundadores de La Pollera Ediciones, se refiere a la escasez del papel y explica que las editoriales debieron modificar las fechas de publicación de sus libros, encareciendo así los costos de producción

Siguiendo en el recorrido de los distintos actores de la cadena chilena del libro, se encuentran las imprentas, pieza fundamental dentro del circuito literario.

Francisco Fernández, jefe de producción de la imprenta Eclipse creativo, está en la primera línea de la problemática: ha tenido que conversar y negociar con las editoriales para poder concretar sus proyectos pese al costo del papel. Señala, además, cómo lograron continuar trabajando pese a la escasez.

En uno de los últimos eslabones de este recorrido por las letras en Chile, se encuentran ellos, la cara visible del inmenso trabajo previo: los libreros y libreras. Mucho se dice que Santiago no es Chile, por lo mismo, se presentarán aquí tres perspectivas regionales del estado de los libros en Chillán, Valdivia y Puerto Montt: ¿cómo han sobrellevado la pandemia? ¿Qué métodos utilizaron para hacerlo? ¿Cómo ven el futuro del papel? Prepara un café, conecta los audífonos y sumérgete en las voces de protagonistas de la escena literaria chilena. Y sureña. 

Alex Jara, administrador de la librería Que Leo de la ciudad de Chillán.
Boris Farías, socio fundador de librería Los Libros del Gato Caulle en la sureña ciudad de Valdivia.
Rodrigo Vidaurre, vendedor de la librería Sotavento LIBROS de la ciudad de Puerto Montt.

El trayecto llegó a su fin. Muchas historias se revelaron para comentar la crisis, que puede estar a días o a meses de reventar. Sin embargo, el protagonista principal es quien llegó hasta aquí, quien dedica 1, 5 o 30 minutos al día para hacer una pausa y ahondar en una historia ajena o propia. Para descubrir nuevas temáticas o simplemente para evadir la realidad. El libro ¿está destinado a desaparecer? ¿O los lectores defenderán su materialidad hasta el fin?

Descuidados: La realidad de los cuidadores informales de adultos mayores en Chile

Descuidados: La realidad de los cuidadores informales de adultos mayores en Chile

Imagen: Isidora Varela

A través de este reportaje, haremos visible la realidad de los cuidadores informales en Chile, basándonos en el testimonios de dos mujeres que cumplen esta labor día a día, a través de estudios y considerando el punto de vista de distintos expertos en esta materia.

Conociendo a las cuidadoras

Verónica San Juan

A sus 56 años, Verónica San Juan cumple por tercera vez en su vida el rol de cuidadora. El primer encuentro con este trabajo a tiempo completo fue a causa de una enfermedad neurodegenerativa de su madre, Juanita Cornejo. “El año 2012 nos dimos cuenta que tenía problemas conductuales. Fuimos al neurólogo y nos dieron la noticia. Tenía una involución cerebral. Todavía no había un nombre… Podía ser Alzheimer o demencia. Claramente, su cerebro estaba involucionando y esto iba a seguir progresando“.

Fue un impacto muy grande. El vínculo que tenía con mi mamá era insuperable. De mucho, mucho amor. Complicidad, ternura, apego. Yo decía, ¿qué voy a hacer ahora? En un momento llegué a pedir que ojalá que a mi mamá no la vea “progresar” en esto y le dé un infarto porque no lo voy a soportar. No quiero verla así, será terrible. Esa fue mi primera reacción. De mucho dolor. Finalmente, esto fue evolucionando“.

El mismo año, a su marido, Gustavo Vivanco, le diagnosticaron un nuevo tumor (había tenido uno en 2005 que lo dejó con secuelas). “En un momento me vi enfrentada a que las dos personas con las que vivía y a las que más quería estaban muy enfermas“.

La situación de Verónica no es la única, ya que según la encuesta CASEN 2017 el 14,2% del total de personas mayores presenta algún nivel de dependencia, y de ellos, casi el 80% recibe apoyo de alguna persona de su entorno familiar para la realización de las actividades cotidianas, más conocidos como cuidadores informales. Sin embargo, en el país no existe una política pública integral que se haga cargo de esta realidad y cuide la salud psicológica, física y emocional de quienes realizan esta labor.

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Con residencia en Machalí y trabajo en Santiago, Verónica viajaba todos los días a la capital para poder mantener una actividad económica, ya que Gustavo, su esposo, desde el 2005 que no podía ejercer su carrera de arquitecto con normalidad, producto de las secuelas del primer tumor.

A Gustavo lo operaron. Le hicieron una segunda cirugía. Empezó con la radioterapia. Se quedó acá con su hermana. Había que ir todos los días. Siempre estaba así al teléfono: cómo están mi mamá y Gustavo. Amigos míos se turnaban para llevarlo a la radioterapia. Era una cosa de gestión como administrar estas enfermedadesTodo esto, además trabajando. Era de mucho, mucho estrés. Con el tiempo Gustavo se pensiona por discapacidad. Ya no podía trabajar”.

En un corto período de tiempo, Verónica pasó por situaciones que le hicieron cambiar su forma de vida en 180 grados. Ahora ella era la encargada de mantener el hogar y velar por el bienestar de su madre y compañero de vida. “Esto provocaba muchas fricciones porque él quería seguir siendo independiente y no podía. Era muy complejo en término de pareja. Un equipo médico se hizo cargo de nosotros. Nos recogieron. Mi psicólogo me presentó un equipo médico multidisciplinario -había psiquiatra, otro psicólogo, un equipo académico que a veces tomaban casos-. Eso nos ayudó mucho.”

Con el paso del tiempo, Verónica empezó a tener depresiones y a pedir licencias médicas producto de la presión y el estrés de estar gestionando, administrando y ejecutando todo para que la casa y salud de sus seres queridos se mantengan en óptimas condiciones.

Cuando Gustavo terminó la quimioterapia, yo caí. Estuve bien hasta el último mes de la quimioterapia. No me pude mover. Tuve licencia como tres meses porque estaba muy agotada. Tenía cuadros ansiosos, depresiones, había estado exigida al máximo. Tenía que rendir en mi pega“.

Verónica San Juan junto a Gustavo Vivanco – Gentileza de Verónica San Juan
En busca de mejorar su salud mental, Verónica tomó la decisión de llevar a su mamá a un hogar de ancianos el año 2016. “Fue fuerte. Porque teníamos una promesa con mi mamá. Yo la iba a cuidar hasta que ella muriera. No pude ‘cumplir’ esa promesa porque yo no daba más con dos personas enfermas.”

Con la llegada de la pandemia, su vida cambió nuevamente. Además de dejar de realizar sus actividades laborales diarias, decidió que su madre, Juanita, tenía que volver a su casa, ya que no iban a poder ir a verla. “Reorganizamos la casa y llegó mi mamá en abril de 2020.

Fue un período súper complicado porque la pandemia, mudar a mi mamá, estabas todo el día y la noche. Mudar, cambiar, dar remedios. Fue una experiencia extrema“.

Durante febrero de 2021, el encierro por pandemia hizo mella en el cuerpo y mente de Juanita Cornejo. Su hija cree que la imposibilidad de contar con la actividad constante que mantenía en la casa de reposo conspiró en que sus facultades físicas y mentales fueran disminuyendo poco a poco. La anciana pasaba sus días postrada hasta que finalmente falleció. San Juan comenta que el equipo médico del CESFAM fue solo a certificar el deceso, pero que no les dijeron la causa de la partida. 

La perrita Luna, Juanita Cornejo y su hija Verónica San Juan Gentileza de Verónica San Juan
Lo que no sabía Verónica, era que este mismo año su hermana, Ana María, de 62 años, iba a ser quien volviera a darle el rol de cuidadora informal producto de un meningioma.

“Este tumor cerebral al igual que el que tuvo mi marido afecta a las funciones ejecutivas, de organización, planificación, muy parecido aunque son tumores distintos. Es notorio eso en mi hermana, las secuelas que tieneNecesita mucho apoyo“.

Verónica Verdugo

María Cisternas estuvo un mes hospitalizada en el Hospital El Carmen (Maipú). Verónica Verdugo se tuvo que hacer cargo de su madre que venía de regreso a casa con una sonda, en pañales y sin habla

—Yo empecé con el cuidado de ella sin tener ninguna experiencia de nada. Porque me la entregaron un día y me dijeron: Su mamá está de alta. 

Ese mes que estuvo internada. El Covid causaba estragos en todos los hospitales chilenos. La dejaron pasar para ver si su madre reaccionaba ante sus estímulos como echarle colonia o aplicarle friegas. Una vez despierta, la mujer se sacaba las sondas de alimentación. Tras muchos intentos lograron hacer que comiera por la boca.

Verónica Verdugo y su mamá María Cisternas – Jaime Zúñiga
Sobre la rutina cotidiana con su madre. Verónica Verdugo dice que la levantan para orinar, hacerle aseo personal, cambio de pañal y participar de su lavado. El desayuno está compuesto por leche sin lactosa con Milo, galletas blandas y luego vuelve a dormir. Al almuerzo su hija le prepara papillas con diversos ingredientes tales como carne, pollo, espinaca, diversos zapallos, papas, fideos, entre otros. Para la hora de la once, Verdugo le prepara dos galletas acompañado de un flan o yogurt. Después de acostarla y darle los últimos medicamentos del día. La cuidadora duerme junto a su madre en la misma habitación.
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¿Qué dicen los expertos?

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Por su parte, la destacada psicóloga, Laura Bozzo, afirmó que la mayoría de las personas que toman el rol de cuidadores, son aquellas que tienen lazos más fuertes con el paciente, es decir, aquellas que forman parte del núcleo familiar del afectado. Generalmente, suelen ser las hijas, ya que las mujeres tienen esa sensibilidad que las destaca y diferencia de los hombres. “Más allá de la relación que tenga el cuidador con el paciente, ya sea la hija, hermana, mamá, nieta, etc, la tendencia es que sean mujeres las que toman este rol. Tiene que ver con un tema de personalidades y de cómo se compone el ser humano. La mujer suele tener este lado más maternal, que se demuestra a través de la preocupación y la entrega total hacia la persona que necesita de sus cuidados”.
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El nivel de estrés al que se ve expuesta una persona que toma la responsabilidad del cuidado de otra, es muy alto. Tanto así, que mientras más avanza la enfermedad, más van dejando de lado sus propias vidas por no fallarle al paciente. Esto se puede apreciar en distintas situaciones, como, por ejemplo, cuando el cuidador tiene que renunciar a su trabajo para poder tener más tiempo al cuidado del enfermo, o cuando deja de realizar sus actividades de la vida diaria por quedarse en su hogar velando por la salud de su familiar, entre otras.
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A nivel emocional, el hacerse cargo de una persona dependiente y no tener estudios para realizar esta actividad, es un desgaste que puede terminar con las propias ganas de vivir, asegura la experta. “Es una experiencia muy fuerte y muy difícil de sobrellevar. En un principio las ganas de ver bien al afectado son una motivación para realizar los cuidados diarios y tratar de mejorar su situación. Pero con el tiempo, nos vamos dando cuenta de que no podemos hacer mucho más para aumentar la calidad de vida del paciente y entender que el deterioro va a seguir aumentando, es algo que afecta directamente a los cuidadores. Es como romperles la ilusión de salvar a su ser querido”.

¿Cómo es la salud mental cuidadores?

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¿Qué dicen los estudios acerca del futuro de la población?

Según el blog Scielo, Chile es unos los países latinoamericanos que ha experimentado un acelerado incremento de su población adulta mayor, esperándose que hacia el 2040, sobre 20% de la población supere los 60 años y 6% alcance los 80 años. Por lo mismo, es urgente un replanteamiento de las políticas públicas que permitan dar respuestas a este escenario de envejecimiento poblacional.

El Plan de acción mundial sobre el envejecimiento y salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala la necesidad de generar evidencia para la elaboración de políticas públicas enfocadas en este grupo de la población. En consecuencia, el objetivo de esta revisión narrativa fue describir el perfil sociodemográfico, epidemiológico y sociocultural de las personas mayores en Chile, identificando programas y políticas públicas orientadas a mejorar su calidad de vida.

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Imagen: Isidora Varela

¿Qué pasa con la población en el resto de Latinoamérica?

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¿Qué políticas públicas existen en Latinoamérica para apoyar esta realidad?

La realidad de los cuidadores informales de adultos mayores en algunos países de América Latina es variada en cada territorio. 

En el caso de Uruguay, existe un Sistema Nacional de Cuidados que consiste en un “modelo integral de cuidados en el que se promueve la implementación de políticas públicas destinadas a atender las necesidades de personas mayores de 65 años en situación de dependencia, niños de 0 a 3 años y personas con discapacidad severa”.

Este sistema garantiza, a través del Estado, un sueldo escalonado (dependiendo de la cantidad de personas a atender) para los cuidadores. También, a través de subsidios económicos, se cubre el cuidado bajo asistencia personal directa, haciendo énfasis en familias de bajos recursos. Y, por último, es la familia quién elige al cuidador, quienes deben cumplir ciertos requisitos como no estar sujeto a un lazo de consanguinidad ni afinidad civil con el adulto mayor que requiere atención.

En tanto, en Argentina no existe un reconocimiento de derechos de los cuidadores informales de adultos mayores. Por esto, se han levantado asociaciones autónomas que se han organizado de forma independiente del Estado para el cuidado de adultos mayores. En este contexto, en mayo de este año el gobierno trasandino presentó el proyecto “Cuidar en Igualdad”, una campaña nacional para la creación de un Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA), el cual plantea “la redistribución de trabajos y tareas de cuidados no sólo entre el Estado, el sector privado, las familias y las organizaciones comunitarias, sino también entre todas las identidades de género”, según se explica en el Diario El Clarín.

En Perú, a diferencia de Argentina, se espera que antes de que termine este año se presente un proyecto de ley que busca crear un Sistema Nacional de Cuidados, con enfoque de género y de derechos humanos. 

Según el medio El Peruano, este sistema nacional “tiene como finalidad proteger el derecho al cuidado de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia, así como de las personas cuidadoras, por lo general mujeres, quienes asumen esta labor como parte del trabajo doméstico no remunerado y que ha significado que tienen una pobreza de tiempo que afecta su desarrollo integral, educativo y laboral”.

En el caso de Colombia, existe la Ley 1850, reformada en 2017, que tiene como objetivo “proteger, promover, restablecer y defender los derechos de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia (…)”. Además, en su reforma se incluyeron medidas con el fin de capacitar a los cuidadores informales que hay en los hogares.

En Venezuela, en septiembre del 2021, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia aprobaron una ley para la protección de los adultos mayores, la cual tiene como objeto “garantizar el respeto a la dignidad humana de las personas adultas mayores y el pleno ejercicio de sus derechos y garantías, el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, reconociendo su autonomía y libre desenvolvimiento de la personalidad, a través de la atención integral que deben brindarle el Estado, las familias y la sociedad para asegurar su buen vivir, bienestar, calidad de vida, seguridad y envejecimiento saludable, activo, digno y feliz”.

Y, hasta el cierre de este reportaje, no se encontró información sobre legislaciones en Brasil, Ecuador y Bolivia.

 

El caso de Chile

En nuestro país, la situación de los cuidadores informales de adultos mayores podría cambiar en un futuro cercano. Esto, ya que parte del plan de gobierno del Presidente Gabriel Boric cuenta con la creación de un Sistema Nacional de Cuidados; y que la Convención Constitucional aprobara y estableciera en el borrador de la nueva Carta Magna dos artículos que establecen el “derecho al cuidado”.

El Sistema Nacional de Cuidados que el Presidente Boric plantea “cuidar a quien cuida”, y tiene como principales tareas el registro de las personas cuidadoras para cuantificar de manera más precisa cuántas personas ejercen estas labores de forma no remunerada; el fortalecimiento de los programas de cuidados domiciliarios con el fin de reducir la carga de trabajo de las personas cuidadoras; la incorporación de agentes comunitarios del cuidado, avanzar hacia el fortalecimiento de centros comunitarios de demencia, creación de centros diurnos comunitarios; entre otras.

Y, por parte de la Convención Constitucional, el primer artículo de esta iniciativa contempla que “el Estado garantizará su redistribución a través del Sistema Integral de Cuidados y, estableciendo un régimen laboral compatible con el trabajo de cuidados, que promueva la igualdad y la corresponsabilidad social y de género. Asimismo, garantizará, quienes ejercen trabajos domésticos y de cuidados, los derechos laborales consagrados en la Constitución y las leyes”.

Y, el segundo artículo, menciona que “todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad”. Además, agrega que “el Estado garantizará este derecho a través de un Sistema Integral de Cuidados y otras normativas y políticas públicas que incorporen el enfoque de derechos humanos, de género y la promoción de la autonomía personal. El Sistema tendrá un carácter estatal, paritario, solidario, universal, con pertinencia cultural y perspectiva de género e interseccionalidad. Su financiamiento será progresivo, suficiente y permanente”.

Por su parte, el Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC), también denominado Chile Cuida, forma parte del Sistema Intersectorial de Protección Social y tiene como propósito, acompañar y apoyar a las personas con dependencia, así como a sus cuidadores(as) principales, promoviendo su bienestar.  En este sentido, complementa a los Subsistemas Seguridades y Oportunidades y Chile Crece Contigo. El acceso y ejecución de estos servicios es coordinado por las Municipalidades.

Su intervención consiste en visitas directas a los hogares de cada usuario, realizadas por funcionarios del municipio. Esto, para que las personas en situación de dependencia y discapacidad accedan a la red comunal de servicios que entrega el Estado, como ayudas técnicas, orientación, atención domiciliaria, adaptaciones en el hogar, entre otros.

Además, se pueden contratar profesionales de apoyo como kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, que van ayudando en la labor de recuperación de la persona con dependencia y, también, se entregan insumos como pañales, sabanillas, apósitos, cremas, útiles de aseo para para estas familias.

El programa implica un seguimiento permanente a los hogares, mediante visitas y llamadas telefónicas, para reconocer los avances y nuevas necesidades que surjan en el hogar.

Pedro León, Encargado del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, comenta que “en relación con el cuidador específicamente, el trabajo consiste en apoyo sicológico individual y talleres grupales, en los que pueden de a poco ir tratando sus temas, ya que en el cuidador se produce una alta sobrecarga por el trabajo de estar dedicado 100% a cuidar una persona en esta situación. Estas personas han dejado de lado su desarrollo profesional, laboral, su situación previsional. Está todo al debe porque su vida en los últimos tiempos la han dedicado al cuidado de alguien, de un tercero, que puede ser su esposo, su hijo, sus padres”.

Como se puede apreciar, gran parte de los países mencionados mantienen “sistemas” que muchas veces no cuentan con herramientas robustas o de gran impacto en la vida de las personas que les toca asumir el rol de cuidador. Inclusive, en algunas naciones, lamentablemente, los sistemas están en vías de construcción o han sido planteados como proyectos a futuro, por lo que el apoyo y protección a las personas que necesitan de estas políticas llega la mayoría de las veces tarde y no en las condiciones que merecen.

Y, hasta el cierre de este reportaje, no se encontró información sobre legislaciones en Brasil, Ecuador y Bolivia.

Un nuevo reto vial: Scooters eléctricos que sobrepasan los 25 km/h

Un nuevo reto vial: Scooters eléctricos que sobrepasan los 25 km/h

El uso de este tipo de transporte, que ya es tendencia en nuestro país, deja grandes interrogantes por resolver en materias de regulación y seguridad. La revisión técnica, el seguro obligatorio y el permiso de conducir son algunas de las normas que se estarían incumpliendo en su circulación.

En general, quienes optan por scooters eléctricos u otros vehículos alternativos, lo hacen para evitar la congestión vehicular, el pago de patente, los permisos de circulación, disminuir la contaminación, entre otros. Pero son algunos de estos mismos atractivos los que constituyen el nuevo reto vial al que deben enfrentarse autoridades y especialistas.

En la práctica, los scooters eléctricos en Chile no tienen más requisitos para circular que una bicicleta. Según las normativas de seguridad emanadas por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), aquellos vehículos que alcanzan una velocidad máxima de 25 km/h no necesitan matrícula ni papeles para circular. Sin embargo, los scooters eléctricos de alta gama, que hoy están alcanzando incluso hasta los 110 km/h, no poseen una regulación especial, generando ambigüedad en su correcta circulación.

Como comenta Alberto Tapia, usuario regular de este vehículo, no esta claro entre quienes los utilizan cuáles son las medidas normadas, e incluso, que muchos no tendrían problema en regularizarlos. 

Tendencia

Ver y convivir con usuarios de estos medios eléctricos es cada vez más común, y hoy ya son una tendencia en el rubro del transporte urbano. Desde una importadora de scooters situada en la avenida Francisco Bilbao, que prefirió no identificarse, aseguran haber experimentado un importante aumento de ventas en los dos últimos años, respecto a los casi siete que llevan en el mercado. Su modelo más vendido alcanza los 50 km/h, aunque disponen de modelos que alcanzan hasta los 110 km/h. 

Por su parte, desde la tienda “La Ciclovía”, mencionan que las ventas también se han proyectado en comparación con años anteriores, principalmente por lo que trajo consigo la pandemia del coronavirus. Afirman que muchas personas han preferido esta opción debido “al temor  de estar en contacto físico con desconocidos, por ejemplo, en micros o metro, por lo que optan por vehículos de uso personal que estén al alcance de sus bolsillos, y no sea necesariamente un auto u moto”. Además, aseguran que hasta el momento los scooters de alta gama no cuentan con alguna exigencia regulatoria como licencia o patente, ya que no aparecen mencionados de forma explícita en la regulación, como por ejemplo, sí ocurre con las motos. 

 

Scooters de alta gama

Los scooters que sobrepasan los 25 km/h presentan características más complejas y específicas que los modelos que integran la categoría de ciclos. Estos poseen funciones que buscan aportar a una mejor circulación vial, tanto por su mayor potencia, como por su materialidad, su luminaria y capacidad de frenos, los que permiten, en un cierto modo, convivir de mejor manera con el resto de los vehículos dentro de las normas. 

El problema de los ciclos, motos y scooters

Según la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (CONASET) , un ciclo es un vehículo no motorizado que es propulsado por la persona. También son ciclos los vehículos con asistencia eléctrica, cuyo motor tenga una potencia máxima de 0,25 kw y no supere los 25 km/h. Deben circular por las ciclovías, o en caso de que esta no exista, por la pista derecha de la calzada. Además, deben usar los cruces peatonales para cruzar calles.

La principal problemática de los scooters eléctricos, desde el punto de vista legal, es que la regulación los considera únicamente dentro de la categoría “ciclos”, por lo que deja un vacío para aquellos scooters que sobrepasan los 25 km/h. Si bien el reglamento de seguridad para ciclos indica que para conducir motocicletas con motor eléctrico, que superen los 25 km/h y/o los 0,25 kilowatts, se requiere contar con Licencia de Conducir Clase C, Patente, Certificado de homologación o revisión técnica y SOAP, tales documentos solo mencionan a motocicletas, y no a los conductores de scooters eléctricos.

Comparación de vehículos
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Dificultad para fiscalizar

 

Desde la Conaset explican que el principal problema que supone este nuevo tipo de scooter, es el control. “Si se sobrepasan los 25 km/h, el scooter debería tener toda la documentación de un vehículo motorizado, pero en su mayoría Carabineros los hacen pasar como ciclos, como si fueran bicicletas. Es muy difícil para ellos saber cuál es la cilindrada, si es mayor o menor al límite”, asegura Cristián Guzmán, encargado de comunicaciones.

Desde la institución aseguran que han realizado campañas para intentar educar y combatir el mal uso, por ejemplo, de las ciclovías. Con lo que se espera avanzar a una diferenciación de vehículos, y así poder fiscalizar mejor.

 

Carabineros

Al consultar a Carabineros sobre el control y fiscalización en terreno de vehículos como estos, contestaron que los scooters eléctricos que sobrepasan los 25 km/h deberían tener patente para circular, pero explicaron la dificultad de controlar esto. “Hay demasiados procedimientos policiales como para andar inspeccionando scooters”, señalan. Agregan que si uno de estos vehículos entra en el radar de un oficial mientras está deteniendo el tránsito para pedir documentos, sería inspeccionado e independientemente de que no tenga documentos formales, se le puede cursar una multa.

Desde la institución insisten en que la normativa es clara y a partir del año 2019 los vehículos livianos y medianos de electromovilidad, que superen la velocidad de los ciclos, deben tener patente y todos los documentos necesarios para circular. Aún así, al revisar este reglamento, solo son mencionadas las motos eléctricas. 

Alberto Escobar, Gerente de Movilidad de Automóvil Club, desde una visión global del sistema de circulación vial plantea que estos vehículos presentan un importante problema de regulación y explica cómo este problema afecta a toda la sociedad. 

El nuevo desafío

Desde una visión académica, Giovanni Vecchio, profesor de Estudios Urbanos (UC), plantea que es urgente entender a los usuarios de scooters como un nuevo actor vial y hacer cumplir las reglas para un sano ecosistema en las calles. 

Menciona que existen estudios que demuestran los peligros que enfrentan los usuarios de scooters eléctricos. Por ejemplo, uno realizado en Alemania arrojó que aproximadamente la mitad de los pacientes que estuvieron involucrados en accidentes con scooters presentaba fracturas y más de un cuarto necesitaba una cirugía.

También da cuenta de que en la mayoría de los casos las personas no estaban utilizando casco e incluso algunas iban bajo los efectos del alcohol. “Aparentemente, por lo que muestran algunos estudios, hay un mayor nivel de distracción asociado al scooter”. 

 

 

 

 

El experto destaca que ya hay ciudades en Europa que reconocen la importancia de acabar con la circulación mixta de los scooters eléctricos, es decir, que se mueven tanto por la calle como por vereda y ciclovía. Esto ha hecho que existan señaléticas dirigida directamente a ellos.

Pero independiente de estas problemáticas, plantea que la masificación de estos vehículos también plantea desafíos positivos. En primer lugar, “insta a las autoridades al mantenimiento de las calles, puesto que las ruedas de los scooters son más susceptibles de meterse en baches”. En segundo lugar, puede promover el avance en infraestructura eléctrica para recargar estos vehículos. Cosa útil, eventualmente, para otros vehículos como los autos eléctricos. “El scooter puede ser un elemento para promover una transición hacia la movilidad sustentable”.

Electromovilidad en Chile

Un estudio realizado por el Observatorio Laboral Sence de la región Metropolitana, que abarca el período de años 2012-2020, da cuenta de lo rentable que se ha vuelto el negocio de los vehículos eléctricos. Estos ya se perciben como una relevante alternativa a las formas tradicionales de movilizarse por las ciudades, tanto en la RM como en otras de Chile. La principal razón: evitar la “saturación vehicular frecuente” propia de las metrópolis.

Si bien en Chile aún no hay estudios que indaguen en la cantidad de scooters eléctricos circulantes, ya han empezado ha realizarse en cuanto a usuarios de autos. Como evidencia el gráfico a continuación, los números de ventas de automóviles eléctricos van al alza en los últimos años y no se redujeron drásticamente con el primer año de pandemia, lo que apunta a un nuevo escenario en la circulación vial. 

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Los pasos en falso para recuperar la montaña chilena

Los pasos en falso para recuperar la montaña chilena

 

 

 

¿Saltarse la reja?
El acceso a las montañas de RM

Chile es un país de montañas. Según los datos del Ministerio de Bienes Nacionales, Chile continental posee 74.900.000 hectáreas, de las cuales 47.767.300 equivalen a superficie de montañas y de ellas 29.245.342,52 son fiscales en zonas o ambientes de montaña, representando 70% del territorio que le pertenece a todos los chilenos y chilenas.

Con tantas tierras disponibles, rápidamente miles y miles de hectáreas se han ido privatizando y con ello se han multiplicado las rejas, portones o letreros, cuya finalidad no es otra más que prohibir el paso a los caminantes que quieren acceder a los cerros de la Región Metropolitana donde la superficie fiscal corresponde al 10,3% del país.

Esto es posible y legal, ya que en Chile al igual que como uno compra una casa o una parcela, se puede comprar un cerro o un volcán. La consecuencia es que, en la región, un alto porcentaje de los cerros y montañas están en manos de privados. Con esto millones de personas tienen la entrada prohibida y se ven enfrentados un difícil dilema: saltarse o no la reja y con esto violar al derecho a la propiedad privada, garantizado en la ley.

Pero la siguiente pregunta es ¿Qué pasa con el derecho a disfrutar de la naturaleza o al patrimonio natural de un país? Hasta ahora es una respuesta que la ley no ha podido entregar en caso de los terrenos privados y tampoco ha podido estandarizar en caso de los que pertenecen al Estado.

Para conocer más de la problemática, escucha este podcast donde amantes de la naturaleza cuentan cómo enfrentan las prohibiciones de ingreso y cómo se podría avanzar en garantizar a todos los chilenos y chilenas un acceso más democrático a las montañas ¡Dale play!

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Catastro

¿Sabes cuántas montañas en la Región Metropolitana tienen restringidas sus entradas?

Según el Catastro Nacional de Restricciones de Acceso a la Montaña realizado en 2018 por la Fundación Plantae, una ONG que “promueve la conservación, acceso y uso consciente de los espacios naturales”, existen  cerca de 300 restricciones de acceso a cumbres y zonas de montaña, y la mayoría de los casos se concentra en la Región Metropolitana.

Según la “Información Sistematizada por el equipo de Información Territorial de la Unidad de Coordinación provincial y comunal de la Seremi Minvu de la Región Metropolitana” de 2016, en la región existen 62 cerros islas, de los cuales 26 están dentro del área urbana de Santiago, sumando un área de 5.000 hectáreas de superficie libre.

Catastro cerros de la Región Metropolitana

Según la Fundación Plantae, en la Región Metropolitana, se concentra la mayor cantidad de restricciones (27% del total) cuyas principales razones se relacionan con la alta privatización del territorio y la falta de cultura de naturaleza. Datos de la Fundación +1000 señala que solo en la comuna de Lo Barnechea desde 2016 se han clausurado once puntos de acceso a la montaña, lo que se traduce en una reducción del 38%.

Fuente: Fundación Plantae y elaboración propia

El 70% de las montañas chilenas es de propiedad estatal y el 30% está en manos de privados. El hecho de que un terreno sea fiscal no ha significado necesariamente que estos sean de acceso libre, como lo son los bienes nacionales de uso público. Esto se ha visto plasmado en que los dueños de los terrenos han restringido el paso con cierres, cobros y/o protocolos algunas veces en forma justificada, debido a la precaria cultura de montaña que se aprecia en el país y las malas conductas de los visitantes, y otras tantas, injustificada.

Esta situación se ha visto agravada con la creciente demanda ciudadana por acceder a estos espacios abiertos, sobre todo considerando el crecimiento que han tenido actividades como el trekking y el montañismo en los últimos años.

Un ejemplo de esto es lo que ocurre en la Región Metropolitana la que cuenta con escasas áreas protegidas del Estado con acceso público y, además, el valle cordillerano está altamente privatizado y fragmentado. De hecho, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),  el 63,8% del territorio de Chile es de montaña, y de ese porcentaje, el 40% tiene dueño privado.

Un caso emblemático es lo que ocurre con el proyecto Sendero de Chile, iniciado por el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos Escobar en 2001. Hasta 2006, se habían habilitado 38 tramos del Sendero de Chile, contabilizando 1.500 km lineales de su recorrido proyectado. Sin embargo, “un 65% del trazado proyectado pasaba por predios particulares, cuyos propietarios no conocían la iniciativa ni valoraban sus beneficios potenciales; tampoco estaba claro quiénes se encargarían de la mantención de los senderos una vez habilitados”.

El verdadero problema no es la cumbre de la montaña, sino la forma cómo llegar a ella. Según el último catastro de la Fundación Plantae se concluyó que en todas las regiones de Chile existían restricciones de acceso y el 81% de las restricciones totales ocurría en propiedad privada y 19% en territorios fiscales y que de él 75% correspondía a áreas acogidas al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

Accesos privados se interponen en rutas al relieve del Gran Santiago

El San Cristóbal es el cerro más reconocido de Santiago y la cumbre emblema del Parque Metropolitano de Santiago (Parquemet), el parque urbano más grande de Latinoamérica con sus seis cerros, el San Cristóbal, Chacarillas, Los Gemelos, La Pirámide, El Carbón y Polanco, también El Carbón o El Pochoco, ubicado en el sector de El Arrayán, en la comuna de Lo Barnechea.

Cuando se mira la ciudad desde un avión o desde el mismo San Cristóbal, inmediatamente se ve que hay muchas más cumbres, entre estas el Tupungato, San José y Maipo, Nevado de los Piuquenes, cerro Juncal y el cerro Plomo. El cordón de los cerros del Roble, La Campana, Vizcachas, El Roble Alto, los altos de Chicauma y Lipangue, que se han visto limitados por el acceso o solo puede hacerse tras cumplir estrictos protocolos.

La montaña está prohibida tangiblemente desde el punto de vista del acceso, en algunos casos argumentando que se debe a la falta de educación por parte de los visitantes, en otros caso también puede ser debido a estrictos protocolos de seguridad.

Esto es lo que ocurre en los valles del río Olivares y Colorado, si bien estos son terrenos fiscales (es la zona donde la campaña Queremos Parque pide crear un parque nacional de 142.000 hectáreas), para llegar a ellos hay que cumplir con un estricto protocolo del Ministerio de Bienes Nacionales —con reglas excluyentes, como pertenecer a la Federación de Andinismo— y presentar esa autorización en el portón controlado por la empresa AES Gener, que tiene operaciones hidroeléctricas en la entrada de estos valles.

El valle de Las Arenas, ubicado a los pies del Volcán San José, cerca de las localidades de Lo Valdés y Baños Morales, en el Cajón del Maipo también opera con un acceso controlado, sus dueños lo manejan como un parque privado. Para solicitar acceso a Parque Arenas, se debe enviar un electrónico a parquearenas@gmail.com con 24 horas de anticipación antes de la llegada y solo se reciben solicitudes hasta el viernes o días hábiles.

¿Qué se ha hecho?

En Chile, hasta ahora no ha existido un intento satisfactorio por parte de la normativa para realizar cambios sustanciales con relación al tratamiento jurídico que recibe el acceso a las montañas en el Código Civil.

Según señala el artículo 589 “se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso o bienes públicos. Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes del Estado o bienes fiscales”.

Este sería el caso de las montañas, las que no pueden ser consideradas como bienes comunes y tampoco se pueden calificar en sí mismas como bienes nacionales de uso público, ya que es factible comprar este espacio y restringir unilateralmente el ingreso a ellas. Para proporcionar el acceso público a las montañas, el propósito sería dar a la población espacios de recreación, ya que la montaña sería considerada como el destino que busca garantizar.

El Código Civil y el Código de Minería contemplan un binomio para indicar las condiciones de acceso público a un inmueble sin permiso del dueño, ya que este sector productivo tiene consideraciones especiales de interés público sobre el uso de la montaña.

Mirada internacional

En otros países del mundo la situación es diferente, el derecho de acceso se ha desarrollado principalmente en países del norte de Europa y en los anglosajones en general. Existe el llamado “derecho de acceso público a la naturaleza” también llamado “derecho de acceso común” que en términos simples consiste en el derecho a transitar y pernoctar breve y temporalmente en terrenos abiertos, incluso de propiedad privada, con fines de recreación y ejercicio.

En Suecia existe el “Allemansrätten”, un acceso público a la naturaleza con limitantes. Se permite el derecho a acampar de forma libre con la limitante de no acercarte a menos de 70 metros a terrenos cultivados o construcciones. Esto es el “Right to Roam”, el derecho a deambular, la libertad para estar presente en la naturaleza.

Actividades como pernoctar en las montañas, junto a los lagos, son posibles. El único pago que se necesita es el respeto por la naturaleza y su fauna. Países como, Islandia, Bielorrusia, e Inglaterra tienen modelos parecidos. Sin embargo, a nivel latinoamericano como en Argentina, el tema ha sido incipiente, aunque ha cobrado importancia en los últimos años.

¿En qué estamos?

En 2019, se ingresó el proyecto de ley que busca “establecer normas sobre el acceso a territorios de alta montaña o altas cumbres” que se nombró como Ley Juan Pablo Mohr, en honor al montañista que desapareció y perdió la vida mientras intentaba escalar el K2 en Pakistán. Este se encuentra en la Comisión de Vivienda del Senado.

La propuesta original planteaba el establecimiento de un derecho de acceso responsable y consciente a los territorios de montaña, la regulación de acceso a territorios fiscales o áreas protegidas del Estado.

Con este proyecto de ley se buscaba, originalmente, definir cuáles son los territorios de alta montaña y sus vías de acceso, y crear un Catastro de Accesos a la Montaña.

Christian Moscoso, Director Regional de Acceso Panam en Chile, considera que “es un mal proyecto” y que a pesar de los cambios que se han hecho al proyecto de ley general, la propuesta no soluciona el tema fundamental que es el otorgar como un derecho el acceso a la naturaleza.

Por su parte, Fundación Plantae considera que el proyecto no trata el tema de fondo y hace que el Estado se desentienda de su rol de administrador del territorio fiscal y promotor del bienestar.

En esto, Plantae y Acceso Panam concuerdan en que el proyecto que actualmente se está tramitando pueda llevar a una turistificación de la montaña.

Borrador Nueva Constitución

En el artículo 19 de la 5ª Comisión de la Convención Constitucional en el capítulo de Medio Ambiente y Crisis Climática se contempla el “Acceso responsable a la Naturaleza”.

De ser aprobado el Borrador de la Nueva Constitución buscaría garantizar el reconocimiento a todas las personas el derecho de acceso responsable y universal a las montañas, riberas de ríos, mar, playas, lagos, lagunas y humedales, entre otros que defina la ley. Además se regularía el ejercicio de este derecho, las obligaciones de los propietarios aledaños y el régimen de responsabilidad aplicables.

¿Existe el ideal?

Tras los intentos fallidos de regular el acceso a la montaña desde el Congreso, no son pocas las ideas de cómo debería ser la normativa en Chile. Al menos hasta ahora existe un consenso general entre autoridades y fundaciones que trabajan el tema, que la ciudadanía se ha volcado a la naturaleza lo que ha traído adicionalmente un beneficio en la salud mental.

Si bien, en cierto sector existe una visión crítica sobre el concepto de propiedad privada y la posibilidad que una persona sea dueño de un cerro, el llamado ha sido a que por más que una montaña esté privatizada, los beneficios para la ciudadanía trascienden al propietario, en términos de agua potable, salud mental, recreación, entre otros.

Hasta ahora por el lado legislativo la alternativa ha sido el proyecto de ley que “establece normas sobre acceso a territorios de alta montaña o de altas cumbres” del ex diputado Sebastián Torrealba, que actualmente se encuentra en segundo trámite legislativo en la Comisión de Vivienda del Senado, y que el ex parlamentario lo ha definido como un proyecto que “lo que hace, es obligar a los privados a entregar una servidumbre de paso y no se niega que los privados cuando den accesos, puedan cobrar”. (Escuchar audio)

Es aquí donde no ha convencido a fundaciones como Plantae, los que aseguran que si bien es “un mínimo avance”, declaran estar preocupados por la posibilidad que esto se “traduzca solo en un sistema gradual de habilitación de vías de ingreso (puntos específicos) a las altas cumbres en terrenos fiscales, y diste de un derecho efectivo para acceder a nuestros territorios de montaña”.

Dentro de sus críticas se cuentan que solo aplica a territorio fiscal; que no permite acceso a montaña fiscal concesionada donde se desarrollen actividades industriales; no asegura el acceso si hay que pasar por territorios privados; apunta a la habilitación de zonas o puntos “concretos” para ejercer el derecho, pero que el derecho está sujeto a protocolos/reglamento de ley aun no descritos. Pero sobre todo, advierten que la iniciativa está destinada a concesiones los accesos -aunque no lo diga muy claramente-. Con esto el Estado se desentendería de su rol administrador del territorio fiscal y promotor del bienestar y dichas concesiones podrían entenderse como un gesto hacia la turistificación de las montañas.

Desde la Fundación se plantea establecer tres pilares: el trabajo para que la propiedad fiscal por ley sea de libre acceso (responsable y consciente); de ser privada, promover que los propietarios generen protocolos de acceso y que el Estado los obligue a contar con servidumbres de paso para llegar a cerros fiscales; y la generación de una cultura de naturaleza. (Escuchar audio)

Por su parte Acceso PanAm, es igualmente crítico del proyecto de ley. El director regional en Chile, Christian Mosoco, asegura que “no da solución al acceso propiamente tal” y advierte que de lo único que se preocupa es de generar las bases para entregar en licitaciones o concesiones el territorio fiscal de montaña, lo que sienta las bases para generar a través de proyectos que turistifican la licitación de montañas.

Han asegurado que tienen indicaciones, las cuales están conversando con senadores para encontrar un patrocinio en base a que se releve la importancia mínima de reconocer el derecho de acceso a la naturaleza, y en el caso de que se entreguen concesiones que estas no incluyan el potencial cobro de acceso, sólo de infraestructura.

Además, Moscoso ha valorado las reuniones que sostuvieron con distintos constituyentes para compartir información y aclarar dudas. Si bien, luego de la aprobación del artículo 19 del capítulo de Medio Ambiente y Crisis Climática del Borrador de la Nueva Constitución, creen que pudo haber sido “más jugado”. Si bien, se considera que el gran aporte es el reconocimiento del derecho a visitar la naturaleza y que se amplía lo que se entiende por naturaleza como playas, ríos, glaciares, humedales (Escuchar audio). Al mismo tiempo, indica que tienen expectativas de cómo se va a ir dando las conversaciones para generar los reglamentos y las leyes que hagan concreto este derecho.

El tránsito de la violencia: Ser mujer y migrante en Chile

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Capítulo III: en constante espera

Capítulo III: en constante espera

Capítulo III: en constante espera

Los procesos migratorios no son una novedad en el territorio chileno o en el americano en general. Considerando que el proceso mismo de colonización de tierras implicó la llegada de extranjeros, la historia de la migración se remonta desde hace siglos.

Si bien la última década se ha visto marcada por la crisis humanitaria, Chile ya ha atravesado la historia con flujos migratorios desde otros continentes. Los distintos gobiernos han aplicado diferentes políticas, todas las cuales impactaron en el proceso de inmigración.

 

Revisa los principales hitos de la historia migratoria de Chile:

La Ley de Migración y Extranjería promulgada el 11 de abril de 2021 se basó en la promesa del ex Presidente Sebastián Piñera de “ordenar la casa”. Esta incluyó la entrega de miles de visas para extranjeros que habían entrado por pasos no habilitados a través de un proceso de regularización migratoria. Entre otras cosas, la normativa establece que todo extranjero debe señalar su real motivación para venir a Chile y regula el ingreso de extranjeros mediante un sistema flexible de visas. 

El mismo mes que fue promulgada la ley, el doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Luis Eduardo Thayer, criticó a través de una columna en Ciper que la legislación dio pie a “un instrumento que permite impedir el ingreso a través de los consulados chilenos en el exterior a cualquier persona que quiere venir a trabajar a Chile. Eso, antes de que las personas emigren de sus países”.

La ley también facilita las expulsiones administrativas, ya que no es necesario realizar denuncias penales por el ingreso, lo que buscaría desincentivar el uso de pasos no habilitados. 

Pero esto no parece haber logrado el efecto deseado.

Hace poco tiempo que Chile se puso al día en tema de política de Migración. De hecho, regía la legislación que databa de 1975 y que se convirtió en la más antigua de la región. Recién en 2015 comenzaron a observarse algunos cambios en torno a esta norma, como por ejemplo, en marzo de 2015, el Departamento Extranjería y Migración puso en marcha una nueva visa, denominada “Por motivos laborales”. Ese permiso abría la posibilidad a los extranjeros  en Chile obtener su visa de residencia sólo con la existencia de un contrato de trabajo, sin necesidad de cláusula de viaje (pasaje a su país) y con la posibilidad de cambiar empleador sin tener que dar aviso.

La necesidad de contar con una nueva legislación fue instalada, en parte, por la Iglesia Católica. En 2018, el obispo Galo Fernández señaló: “La Iglesia ha estado planteando la urgencia con que se cree un nuevo marco regulatorio para las migraciones, dado que estamos en un sistema muy precario e incompleto, es una ley que data del año 1975 y que mira la migración desde la seguridad del Estado, es decir, casi como una amenaza. Además, no vela por la adecuada integración de los migrantes a la sociedad”.

Con la llegada de la nueva Ley de Migración y Extranjería (Ley 21.325) se requería de la promulgación del Decreto que establece las subcategorías migratorias de residencia temporal, que aún no lleva un mes de vigencia.

Solo la implementación de esta legislación en el tiempo, dirá si la iniciativa servirá para permitir un ingreso ordenado de migrantes y, sobre todo, asegure su dignidad, especialmente de las mujeres. 

Patricia Rojas, representante del colectivo venezolano en Chile, dijo a El Mercurio de Calama que “desde que se inició la pandemia y con las visas consulares más estrictas, se está lucrando con el movimiento de personas venezolanas y la necesidad de salir de Venezuela”.

Según datos de Carabineros, entre enero y septiembre de 2021 la institución realizó 107 procedimientos policiales por tráfico de migrantes en el país, principalmente en la regiones de Tarapacá, Antofagasta y Arica y Parinacota.

Este negocio criminal da paso a otro que preocupa a quienes se encargan de resguardar los derechos de las mujeres migrantes. Un reportaje de La Tercera titulado Tren de Aragua: Las mujeres invisibles de las mafias venezolanas, dio cuenta en mayo de 2022 que el delito de trata de mujeres para explotación sexual se ha transformado en la principal fuente de ingresos de las organizaciones criminales transnacionales de origen venezolano, superando al tráfico de drogas y de armas.

Según los informes de inteligencia policial citados por el medio, en los primeros cuatro meses de 2022 ya se había rescatado a 21 víctimas y se habían abierto seis causas judiciales, lo que representa un aumento significativo de este delito en Chile.

Estas bandas transnacionales se valen de la desesperación de mujeres migrantes que buscan oportunidades laborales para luego chantajearlas y amenazarlas con hacer daño a sus familias, incluso en su país de origen.

 

Colchane: foco de la crisis

Colchane es la ciudad que recibe de manera más inmediata a los migrantes que entran a Chile por pasos no habilitados. Para recibirlos de manera transitoria, existe el Dispositivo de Primera Respuesta, un campamento que da prioridad a mujeres con niños y desde donde son derivados a Iquique.

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Las denuncias también incluyen abusos de connacionales que operan en grupos organizados. “Son grupos que se encargan de trasladarlos y aprovechan también de abusar de sus mismos compatriotas”, señala el alcalde.

Sin embargo, al no tener sus documentos, se resisten a realizar la denuncia por temor a ser deportadas. 

García asegura que la comunicación con el Gobierno ha mejorado y ha habido constantes reuniones con organismos internacionales para buscar soluciones a este tipo de delitos. 

Javier García, alcalde de Colchane: "Las mujeres sufren con más fuerza el tema del abuso"

¿Cómo mejorar la respuesta a las víctimas? 

La investigación de la UDP sobre violencia sexual contra las mujeres que migran a Chile, “la falta de control sobre traficantes de personas en las fronteras, particularmente en la de Pisiga-Colchane, expone gravemente a las mujeres”. Dos de las investigadoras pudieron cruzar por el costado del paso fronterizo.

El informe también apunta a una falta de intervención estatal, ya sea social, jurídica o psicológica, en casos de violencia sexual contra las mujeres en el trayecto migratorio

Aun así, desde la PDI hacen hincapié en  que las víctimas de abusos sexuales durante el tránsito migratorio realicen la denuncia. “Quizás no vamos a poder solucionarle a esa persona en particular ese dolor que lleva, pero sí podemos mitigar el dolor de muchas otras personas que están pasando hoy día y que van a pasar en el futuro por una situación así, porque son grupos criminales y estructuras que lo que hacen es lucrar con el dolor y necesidad humana”, dice el subprefecto Contreras.

Marjorie Dinamarca sostiene que en esta materia hace falta un diálogo regional, ya que “Chile no saca nada con tener un excelente control de fronteras, un excelente programa de regulación migratoria, etc., si es que nuestros vecinos no lo tienen también, o al revés”.

“Es necesaria una respuesta a nivel regional, o al menos en el sur de Latinoamérica”, resalta.

Revisa a continuación las impresiones de autoridades y actores relevantes en el ámbito de la migración:

Cabe mencionar que las gestoras de este reportaje solicitaron con fecha 17 de mayo de 2022 vía transparencia, los registros de datos de migración actualizados. Hasta el cierre del reportaje dicha información no fue remitida.

En memoria

Este reportaje busca, además de crear una plataforma de visibilización, ser un pequeño homenaje a las y los fallecidos en el trayecto migratorio hacia Chile. Detrás de cada nombre, aún viven historias de esperanza y búsqueda de dignidad.

En memoria de:

Lactante de 9 meses

Rosa Beyuna Cárdenas

Luis Hurtado Fuentes

Luis Cuevas Lara

Edgar Molina Celis

Juan Arboleda Manco

Edda Marín Villalobos

Antonio Pocoana Mendoza

Guillermo Subirana Córdova

Carmen Dávila Varela

Daniela García Argüello

Domingo Vivas González

Ana Sánchez Sánchez

Elvia Valencia Cuero

Ricardo Godefroy Araujo

Y los cuerpos no identificados de distintas procedencias.