
Los niños lectores del Liceo República de Italia
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Realizamos una encuesta para analizar si las personas se sienten o no seguras en internet. En un universo de 63 encuestados, entre 21 y más de 40 años, la tendencia es que las personas están conectadas a la red virtual durante 7 horas al día en promedio, tal como se ve a continuación:
Este segmento es quien se siente más vulnerado al estar conectado en internet, sin embargo, un total del 69% de los encuestados dice haber sentido vulnerabilidad alguna vez.
Al realizar la pregunta si acaso se sienten seguros al estar navegando por internet, un total del 39% declaró sentirse seguro, mientras un 56% declaró sentirse inseguro mientras navega.
En conclusión, a pesar de que todos usamos internet cada día, la usamos conscientes de los riesgos que existen, hay una clara sensación de vulnerabilidad, como también una gran inseguridad sobre este tema.
Por: Fernando Sánchez
En las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos Donald Trump pavimentó su camino a la Casa Blanca, con un fuerte énfasis en el monitoreo del comportamiento político de la ciudadanía a través de las redes sociales.
¿Twitteer o Facebook? Un último estudio reveló que Facebook es la red social líder como fuente de información entre los estadounidenses en temas vinculados a la política. Las mujeres destacan por un mayor uso de esta plataforma.
El votante que más se identifica con esta plataforma oscila entre los 21 y 40 años son los más fieles que releva a un segundo plano a Twitter.
De un total de 848 personas encuestadas en 48 estados, 439 fueron mujeres quienes mostraron una mayor preferencia por la red de Mark Zuckerberg. Solo los estados de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Hawaii y Rhode Island quedaron fuera del estudio, mientras que California concentra el mayor número de encuestados.
El pasado 1 de abril entró en vigencia la Ley de Inclusión Laboral en Chile. Esta normativa obliga a las empresas que tienen más de 100 trabajadores a incluir en su dotación al menos un 1% de personas en situación de discapacidad (PeSD). Desde esta fecha las organizaciones han tenido que enfrentar una serie de obstáculos, que ponen en jaque el desafío de incluir a estos trabajadores.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, en nuestro país viven 2 millones 600 mil adultos con algún grado de discapacidad leve, moderada o severa. Esta población se concentra en la Región Metropolitana donde reside el 40% de los discapacitados mayores de 18 años.
El objetivo de esta disposición es adaptar la realidad chilena a estándares internacionales como el de los países escandinavos. Desde 1994 Suecia cuenta con leyes contra la discriminación de PeSD; el estado noruego apoya financieramente a empresas que los incorporan y en Finlandia existe Hilma, un programa destinado a inmigrantes con deficiencias físicas o mentales.
Chile adoptó un sistema de cuotas como el que tiene Portugal. Claro que en ese país la ley exige al menos un 2% de empleados con discapacidad en el sector privado y un 5% en la administración pública. En España esta misma ley de cuotas establece que las empresas con más de 50 trabajadores deben tener al menos un 2% de sus funcionarios en aquella condición.
El último Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile (2015) entrega datos significativos para las organizaciones que desean implementar una efectiva inclusión laboral de personas en situación de discapacidad.
Las empresas que nunca han contratado a personas con algún grado de discapacidad, se han visto enfrentadas a una serie de desafíos, tales como sensibilizar a sus equipos de trabajos, derribar mitos que hay entorno a la discapacidad, considerar las modificaciones o adaptaciones necesarias para que los beneficiarios de esta normativa realicen sus labores en igualdad de condiciones, entre otras.
La Ley de Inclusión Laboral se ha convertido en una oportunidad para que las personas de diversos oficios –desde profesionales hasta empleados del poder ejecutivo y legislativo- accedan a un puesto de trabajo. Pero para que esto sea efectivo, es importante conocer qué ayudas técnicas, dispositivos o soportes tecnológicos utilizan o necesitarán en el lugar en el cual van a cumplir sus funciones laborales.
Después de un largo proceso legislativo, en nuestro país se busca avanzar en inclusión laboral, sin embargo la nueva normativa no obliga a las empresas a realizar un análisis del ambiente y condición de los puestos de trabajo.
Según Matías Poblete, presidente de Fundación Chilena para la Discapacidad, si una empresa no cambia su cultura organizacional, su infraestructura y sus políticas de inclusión, no se logra el objetivo que busca la ley de incluir a las PeSD.
Esta empresa se creó hace dos años en Concepción. Coffeecleta vende café a los transeúntes y cada triciclo es atendido por una persona en situación de discapacidad (PeSD). Sus fundadores, Pablo Serrano y Marcela Montoya, impulsaron este emprendimiento, que definen como innovador e inclusivo. Su objetivo es brindar trabajo sólo a PeSD que se encuentran fuera del mercado laboral.
Los trabajadores de Coffeecleta reciben capacitación para realizar sus funciones y apoyo de un terapeuta ocupacional. El objetivo es que puedan desempeñarse con autonomía y total capacidad.
La próxima meta de Serrano y Montoya es ampliar las oportunidades laborales en otras regiones del país, llegando a la Región Metropolitana.
María Teresa Catalán es abogada de la Universidad de Chile. Ella nació con una retinitis pigmentosa, una enfermedad congénita que le impide ver. Hoy es fundadora de Fundación En Familia Venciendo la Discapacidad, cuyo objetivo es apoyar a las personas en situación de discapacidad y a su entorno más cercano.
Catalán también dirige un estudio jurídico llamado Catalán Mercado Abogados, que toma causas en materia civil, laboral y derecho de familia. Hace un par de años, decidió emprender, debido a que no contaba con mayores oportunidades para trabajar.
La abogada tiene una opinión sobre la Ley de Inclusión Laboral, desde una mirada como profesional, pero también como PeSD que ha sufrido discriminación al momento de trabajar en alguna empresa, o al participar de una entrevista laboral.
En 2013 Eduardo “Walo” Frías sufrió un grave accidente que lo tuvo al borde de la muerte. Las motos han sido su gran pasión y una mala maniobra, mientras practicaba enduro en un circuito en Chicureo, provocó un cambio radical en su vida.
Eduardo es un personaje conocido para quienes comparten con él la pasión por los motores. Lleva más de 20 años entregando sus experiencias y consejos a través de programas de radio y televisión. Al aire todos lo conocen como Walo Frías.
Su accidente pudo ser fatal, pero el destino le regaló una segunda oportunidad. Sin embargo, tuvo que reinventarse y aprender a vivir como una persona tetrapléjica. Comenzó a usar una silla de ruedas, volvió a manejar e incluso pudo cumplir el sueño de subirse nuevamente a una moto, especialmente adaptada. Todas las tardes llega en su camioneta hasta los estudios de radio Futuro que están ubicados en un cuarto piso para conducir su programa Rock & Ruedas. Antes de que se encendiera la luz roja y se abrieran los micrófonos, Walo opinó sobre la Ley de Inclusión Laboral.
Por: Carlos Costas, Silvia Espinoza, María Paz Naser V.
Tres países de la región los incluyen en la ley de femicidio. En Chile existe un protocolo de atención, pero no un dispositivo de reparación integral. Niñas, niños y adolescentes que se enfrentan al trauma de perder a sus madres son también abandonados por el Estado.
P. Campos, P. Farías, M. Mercado
Entre 2008 y 2018, los delitos de femicidio cobraron la vida de 449 mujeres. En 2017, 55 hijos perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia de género.
No existen estadísticas oficiales que los contabilicen, tampoco leyes que los protejan. Para saber cuántos son, la única posibilidad es investigar en las historias de sus madres, datos construidos para este reportaje.
En ese contexto, dolor y trauma son solo una parte de la historia. A partir del momento en que pierden a su madre, se empieza a escribir un nuevo guión: ¿Quién se hace cargo de ellos?, ¿Cómo se sustentan económicante?, ¿Cómo reconstruyen su infancia cuando son sus padres los que les arrebatan a sus madres?
La violencia de género es una realidad que comparte el continente. Estadísticas del Observatorio de Igualdad de Género de Cepal indican que Latinoamérica tiene las mayores tasas de femicidio a nivel mundial.
En conferencia de prensa, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, reconoció que se trata de un problema cultural:
Isabel Puga, directora nacional del Colegio de Psicólogos, apunta a la necesidad de políticas públicas preventivas: “Partir desde la educación es la única forma de enseñarle a nuestros niños a no repetir el patrón machista del continente” que, tal como indica el gráfico, determina que los crímenes sean principalmente cometidos por parejas o ex parejas.
Tres países de América Latina tienen legislaciones de femicidio en las que se incluye a los hijos e hijas de estas mujeres. El último en aprobarla fue la capital argentina que normó el trabajo con las víctimas residentes en la ciudad de Buenos Aires.
Ada Rico, encargada de la Casa del Encuentro de Argentina, explicó que la ley incluye una pensión de 7.246 pesos argentinos (u$ 300, aproximadamente) mensuales hasta cumplir la mayoría de edad. Además agregó que esta es “algo que va a ayudar a muchos chicos de Capital”
La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, explicó que “Inicialmente hay un soporte en términos de apoyo y de protección que brinda el Ministerio Público”.
La profesional hace referencia al Protocolo Intersectorial de atención a víctimas del femicidio, circuito que se activa por coordinación de diferentes instituciones.
Muñoz insiste en que es necesario profundizar “el desarrollo con que toda la red pública trabaja en el ámbito de salud. También en el ámbito social”, aspectos que deben ser revisados en el trabajo de tribunales de familias y de toda la red pública a cargo.
Misma opinión tiene María José Castillo, abogada de la Corporación Humanas. La profesional asegura que el principal problema es que los programas no están unificados. “El Protocolo se activa cuando el abogado de Sernameg llama a la familia de la víctima y pesquisa si hay hijos. Desde la Oficina de Protección de Derechos estos niños son enviados al programa de Sename encargado de las víctimas de violencias extremas, donde solo se piensa en contención y no en una educación que apunte a no repetir estos patrones de violencia”.
Para Lorena Astudillo, abogada de la Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres, el Estado se desentiende de este grupo poblacional, “el más invisible dentro del circuito del femicidio”.
El Atlas de Género elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma que Aysén presenta las tasas más altas del delito. Para la abogada de Corporación Humanas, el aislamiento geográfico explica el aumento de violencia: “En estos sectores con alta ruralidad, predominan más las culturas machistas y las actitudes violentas son más toleradas socialmente”.
Además, responsabiliza al Estado por no disponer de todos los programas de apoyo existentes en Santiago: “Muchas mujeres se cansan de denunciar porque las llevan de un lado a otro. Esta situación se agudiza en lugares extremos por la falta de profesionales en todas las instituciones”.
Desde Humanas apuntan a que “sin avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres es imposible resguardar la vida futura de sus hijos, víctimas secundarias del delito de género”.
Una de las propuestas es promover una ley que abarque la violencia en todas sus dimensiones, dejando de lado lo que ofrece la de Violencia Intrafamiliar, “redactada para proteger a todos los miembros de la familia, sin especial énfasis en las mujeres”, advierten desde Humanas.
La Defensora de la Niñez recalca la importancia de trabajar “de mejor forma” con todo tipo de víctimas: “Tenemos una deficiencia en lo que tiene que ver con la reparación de las víctimas, en términos generales. Eso también impacta a víctimas en este caso particular. Es necesario asumir el desafío de avanzar legislativamente para encargarse de las necesidades que enfrentan las víctimas, pero también de la infancia en general”.